Una empresa inglesa controla la SUBE desde las sombras
Global Infraestructure montó "oficinas virtuales" en Londres y ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires, pero el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares
Por Iván Ruiz | LA NACION
Una
empresa inglesa sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal
caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta
SUBE. Se trata de Global Infraestructure (GI), la
firma británica que firmó un contrato por $65 millones con la
Secretaría de Transporte. Esta compañía todavía no existía cuando
comenzó la licitación para supervisar el boleto electrónico.
LA
NACION comprobó que la firma montó "oficinas virtuales" en Londres, que
ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le
paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no
tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el
control de la SUBE.
GI
encabezó el consorcio integrado por ex funcionarios y ex asesores de
Transporte que ganaron la sugestiva licitación para supervisar el boleto
electrónico, pese a que una reconocida consultora internacional ofreció una oferta $ 10 millones más económica. Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del "liderazgo técnico" de la operación.
A
pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en
el país: en Tucuman 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-,
funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma
británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no
mantiene ningún vínculo. Ese todavía es su domicilio legal en la
Argentina.
LA NACION reveló
ayer que Stephen Chandler, consultor británico y dueño de la empresa,
realizó gestiones antes de la licitación en la que obtuvo rédito: la
firma inglesa, que fue creada durante el proceso, ganó el concurso.
El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI pese a que una consultora internacional realizó una oferta $ 10 millones más económica. También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora Chandler debe controlar.
El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI pese a que una consultora internacional realizó una oferta $ 10 millones más económica. También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora Chandler debe controlar.
El
liderazgo de GI se fundamentó en el currículum de Chandler. Según
consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de
Electronic Data System, entidad que participó en el desarrollo de la
tarjeta Oyster card de Londres. Chandler es "jefe de proyecto" de la
supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las
operaciones.
LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000 dólares mensuales; casi 2 millones de dólares por
los cuatro años de contrato. Aunque su trabajo requiere ocupación
full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran
Bretaña, su lugar de residencia. "Todos los meses pasa un tiempo acá",
justificó un allegado del inglés.
Durante
tres semanas, este medio intentó contactarlo en las oficinas de la
supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires, pero
aclararon que estaba en el exterior. "Chandler no tiene un lugar fijo de
trabajo", reconocieron desde el consorcio. "Pasará unos días en
Londres", informaron en su domicilio particular, en el interior de
Inglaterra.
Este
medio se acercó en reiteradas ocasiones hasta el palacete estilo
francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al "jefe de proyecto"
ni a los otros dos empleados extranjeros también contratados en dólares
por la Secretaría de Transporte. Ayer, en una última comunicación,
detallaron que Chandler había regresado al país, pero se negó a
responder.
DÓLARES
El
consultor británico no es el único contratado en dólares por
Transporte. También Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para
controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Como
"program assurance", Beer percibió un salario mensual de 40.000 dólares
durante un año. El total de su contrato: 414.120 dólares. Bajo el rótulo
de "stakeholders management", Ashley cobró 24.000 dólares mensuales. Su
contrato final, por doce meses, asciende a 247.860 dólares.
"Global
[Infraestructure] es Chandler. Acá [en Argentina] son dos empleados:
una recepcionista y un técnico. Beer y Ashley trabajan desde Londres.
Como es un trabajo técnico, directamente ni vienen para acá", dijo una
fuente que firmó documentos importantes de la licitación.
LA
NACION intentó contactarse con Beer y con Ashley para consultarles
sobre las tareas específicas que desarrollan para controlar la SUBE,
pero no pudo ubicarlos ni en las oficinas del consorcio ni en los
teléfonos de contacto en el extranjero. La Secretaría de Transporte
tampoco respondió las consultas por GI y sus empleados.
La
supervisión del boleto electrónico incluye un contrato en pesos y otro
en moneda extranjera. El contrato en dólares es de casi 4,5 millones de
dólares. Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla "vuelos
internacionales" y "viáticos". Se estipularon 72 viajes por un total de
casi 500.000 dólares.
MISTERIOSA SOCIEDAD
GI
todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había
comenzado. La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el
registro oficial de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras
esterlinas.
El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. Este medio intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su
domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de
contacto pero nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la
empresa no existía.
Según
pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección del coqueto barrio
de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar funciona una
firma que ofrece servicios de "oficinas virtuales". Alquilan un
"domicilio de negocios" en la capital británica por 40 libras esterlinas
al mes, indispensable para recibir correspondencia. Todos sus clientes
comparten el mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI
figura en la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses
después de su registro legal en Inglaterra, la firma actualizó su
dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está
situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes.
